LA NAVE LANTERO
Entre los años 1985 y 1986 la nave de Lantero se convirtió en el caso vinculado a la conservación del patrimonio arquitectónico asturiano contemporáneo más mediático, con repercusión similar a la que había tenido pocos años antes la demolición del palacete de Concha Heres en Oviedo, y el primero en el que la atención se centraba en un edificio industrial. Gracias al seguimiento que hizo la prensa regional del caso podemos hoy obtener una visión clara de cómo se gestó aquel desastre.
El equipo de gobierno que presidía entonces José Manuel Palacio y en el que José Luis Ortíz Hornazábal era primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, ni supo ni quiso ver la oportunidad que aquella iniciativa suponía. Primero se resistió a asumir los criterios conservacionistas bajo la excusa del coste de la operación y después, en el colmo del absurdo, llegó a intentar librarse del pancho acordando la cesión de la nave a la Consejería -excluyendo su cubierta de teja plana con el pretexto de su reutilización en un polideportivo- antes de ser su propietario legítimo ya que aún no se había abonado a sus dueños el pago acordado para que la fábrica pasase a ser patrimonio municipal.
Pasado el momento de estupor inicial, el Principado volvió a la carga asumiendo un tercio del coste del desmontaje, calculado en cerca de siete millones de pesetas, mientras que la Fundación de Ferrocarriles Españoles -sustentada por Renfe y Feve- se sumó a la operación ofreciéndose a cubrir otro tercio de los gastos. Al Ayuntamiento gijonés sólo se le pedía aportar el tercio restante y unos terrenos adecuados para la reconstrucción del edificio.
Para esto último se barajaron diversas opciones teniendo en cuenta la adaptabilidad de la nave a usos lúdicos, culturales o deportivos: desde el parque de Los Pericones hasta el nuevo campus de Viesques. A ellas se sumaría poco después la propuesta de Joaquín Aranda de integrarla en el nuevo parque de Moreda, la opción que probablemente hubiese sido más acertada. Ninguna decisión al respecto fue tomada antes de desmantelar la nave con el fin de dejar los terrenos disponibles para la construcción de la nueva estación de trenes.
Los arquitectos Hernández Sande ya habían alertado con precisión sobre los dos factores que podían dar al traste con la operación de salvamento: un desmontaje incontrolado y la falta de una reconstrucción inmediata. Y ambos se produjeron. El desmontaje encargado por el Ayuntamiento no fue precisamente ejemplar, oficialmente se aseguró que previamente se habían numerado las piezas aunque tiempo después se comprobó que ese proceso no había sido riguroso e incluso que algunos elementos se habían troceado. Disponiendo de terrenos adecuados nunca llegó la reconstrucción.
Ya con Vicente Álvarez Areces en la alcaldía el asunto quedó en el limbo. Maderas, pernos y tejas permanecieron arrumbados y abandonados en una nave ruinosa y sin vigilancia de la antigua fábrica de Moreda, expuestos a la humedad y al vandalismo, hasta que en 1989 un incendio provocado consumió gran parte de la misma. El incidente se silenció hasta que forzosamente salió a la luz en 1991, si bien por parte del equipo de gobierno de entonces se afirmó que los daños eran menores y que la estructura se reconstruiría en los terrenos del futuro Museo del Ferrocarril para dependencias del mismo. Poco después la necesidad de desalojar el almacén de Moreda obligó a trasladar los restos de la nave a la antigua playa de vías de la estación del Norte, quedando a la vista la magnitud del desastre y que lo conservado nunca permitiría la reconstrucción. El asunto muere definitivamente en 1994, tras apuntarse su posible reconstrucción en el Muséu del Pueblu d'Asturies, aunque ya reconociendo que la única opción sería realizar una réplica debido a la práctica destrucción de los materiales originales de la nave.
Así se perdieron los millones invertidos en el desmontaje, así se perdió una construcción singular y así se escribió una de las páginas más bochornosas de nuestra historia local.
Lo único positivo de toda esta triste historia fue que sirvió para familiarizar a la opinión pública con la noción de Patrimonio Industrial y para que la administración autonómica viese la necesidad de acometer su identificación. Esto se tradujo en el encargo al departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo de la realización del Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias, elaborado durante la segunda mitad de la década de 1980. En 2016 se culminó su revisión y actualización llegando hasta los 1.700 elementos o conjuntos registrados entre patrimonio fabril, ferroviario y portuario de interés, de los que aproximadamente un millar cuenta con un algún grado de protección y cuatro tienen la calificación de Bien de Interés Cultural. (Fuente: La Nueva España)
